NUEVAMENTE LA “TASA FORESTAL”

Escribe: Edil Juan Carlos Osorio - Partido Colorado

Es innegable la necesidad que tiene la Intendencia además mantener la caminería rural contar con los recursos para hacerlo. Eso no tiene ni debe tener discusión alguna.
También es imperioso saber quienes provocan el deterioro de esos caminos y mucho mas importante es saber cual es el monto de dinero para su reparación. De eso tenemos muy pocas noticias.
Lo que si estamos seguros es que si se habla de tasa debemos tener bien presente que la tasa es “el tributo cuyo presupuesto de hecho se caracteriza por una actividad jurídica específica del Estado hacia el contribuyente; su producto no debe tener un destino ajeno al servicio público correspondiente y guardará una razonable equivalencia con las necesidades del mismo”.
Salvo que el análisis de lo propuesto nos haga entender lo contrario el espíritu de la medida que se piensa adoptar es ese. Por tal motivo la tasa de Extracción de Leña y Madera prevé como destino primordial el mantenimiento de la caminería rural afectada por la extracción de madera, así como el financiamiento de los servicios de contralor del mantenimiento del monte natural, la prevención de la deforestación y el control estadístico de la situación forestal del departamento. El contribuyente de la presente tasa será el transportista quien abonará por cada viaje de camión el equivalente a 0,07 UR por cada tonelada transportada.
A efectos del contralor estadístico de la situación forestal departamental, se crea una guía de explotación forestal que deberá ser gestionada ante la Intendencia Municipal cada vez que se proceda a la explotación de un bosque.
De acuerdo a los valores que exponemos en el presente artículo, sacados en forma textual de la nueva ampliación presupuestal, la misma en un principio nos parece confiscatoria y con riesgo de ser inconstitucional si no se toman medidas para evitar el enfrentamiento a las normas.
Tacuarembó, al igual que Rivera, tiene la ventaja de industrializar localmente, un porcentaje muy alto de la madera producida en sus bosques, que están siendo manejados para la obtención de madera de calidad. Todo esto hizo posible que nosotros, habitantes de este terruño a diario apreciamos el desarrollo de la capital departamental, dado que hay aproximadamente, mil empleos sólo del sector industrial ocupados en forma directa, sin hablar de las empresas de cosecha, contratistas de todo tipo, fleteros, talleres mecánicos, eléctricos, tornería, etc.
Pero hay que considerar que esta tasa que se quiere aplicar al transporte forestal de 0,07 de UR, implica U$S 1,31 la tonelada transportada, es decir U$S 36,68 un camión de 28 toneladas. El valor en pie de la madera de pinos de 8 a 10 años de edad, que es el grueso de lo que hay disponible en nuestro departamento, es de U$S 5 la tonelada, por lo que esta tasa equivale al 26,2 % del valor de la producción.
No hay dudas que la norma establece que la pagará el transportista, pero seguro se trasladará a la industria como sobreprecio por la materia prima.

Extractando palabras de un amigo, de la cual nos hacemos eco parece mentira que es el escenario al que nos estamos acostumbrando en nuestro país, cargado de impuestos directos e indirectos, con costos crecientes originados en un Estado gordo y burocrático, sumado al precio de la energía que nunca para de crecer, a una clase trabajadora que aspira a la indexación de su salario en un escenario de inflación creciente, con un tipo de cambio que arruina al sector exportador y beneficia al comercio de productos importados. Ante esta situación se pretende imponer un costo adicional al desarrollo de esta actividad industrial, que se mantiene trabajando con números en rojo, porque apuesta a un futuro mejor, y porque se siente responsable del crecimiento departamental. Si estas empresas paran, que pasa con nuestro Tacuarembó y los ciudadanos que trabajan en ellas? Concientes de que hay otros caminos para la obtención de recursos para el mantenimiento de los caminos departamentales, utilizados por todos los sectores agropecuarios, queremos compartir nuestra opinión sobre otras maneras de ser justos con todos los contribuyentes lo cual es nuestra obligación como legisladores departamentales.
En primer lugar, cuando se creó la ley que exoneró de contribución inmobiliaria rural a la actividad forestal, en buen romance se entendió que dado el tiempo que necesitaba un árbol para su crecimiento y los gastos de mantenimiento forestal lo que se estimaba en 15 años, se consideró que era muy oportuno tal exoneración para permitir el desarrollo de le industria que durante ese tiempo solo se dedicarían a la inversión sin obtener recursos por la actividad.
Hasta ahí todo bien. Pasado ese tiempo y al estar en pleno desarrollo la industrialización de la madera, una de las soluciones sería derogar aquella ley y declarar aplicable el impuesto nuevamente. Eso sería responsabilidad y competencia del legislativo nacional y no del departamental. Por lo tanto la Junta Departamental podría presentar esa iniciativa que la tiene y dejar de buscar soluciones que no favorecen a nadie.
En nuestro próximo artículo les brindaremos unas de las tantas soluciones posibles y un breve comentario de las consecuencias que afrontaremos si muy livianamente resolvemos este tema sin tener en cuenta la opinión de los directamente afectados.